CUANDO EL ESTADO SE
HACE EL DESENTENDIDO FRENTE AL ABORTO
Heraclio
Labandera
Un caso que conocí
de primera mano, me hizo advertir como funciona el perverso mecanismo que
permite que el aborto sea en Montevideo una práctica criminal que se persigue
poco o nada.
Este fue un caso que conocí de
primera mano, de modo accidental, en el que fui involucrado debido a mi
condición de periodista.
El episodio ocurrió durante el
gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, y seré lo suficientemente inespecífico
como para no infringir la ley al relatar un caso en el que la ley no se
cumplió.
Estaba en el diario,
trabajando, y cerca de las 20 horas un amigo llamó por teléfono para comentarme
que sabía de una denuncia que estaba “fondeada” en un Juzgado y que me
consultaba por si yo “podía hacer algo”.
El caso en realidad parecía
sencillo.
Había en Pocitos un médico de
nacionalidad colombiana, que se dedicaba a hacer abortos en una clínica muy
coqueta ubicada sobre calle Libertad.
Eso además de ser “vox populi”,
había sido denunciado directamente en un Juzgado por la mujer del abortero, pero
al parecer nadie quería tomar cartas en el asunto.
La mujer denunciante había
sufrido una brutal golpiza.
Ocurre que el colombiano,
además de practicar abortos, era un golpeador empedernido de mujeres, y a su
pobre compañera la tenía cansada de tanta violencia doméstica.
Luego de la última paliza, la
mujer urdió su venganza y decidió ir a un Juzgado a denunciarlo por abortero,
munida con la libreta de la clínica en la que figuraban dirección, día y hora de
las mujeres que esperaban practicarse un aborto en los siguientes 15
días.
De modo que actuar se hacía
perentorio.
Por otra parte, la mujer había
realizado su denuncia directamente en un Juzgado, porque sostenía que el
principal de la Comisaría que tenía jurisdicción sobre la clínica no actuaría,
ya que regularmente recibía un sobre con dinero del abortero.
Por esa razón la mujer fue
directamente al Juzgado y entregó su denuncia, en la esperanza de que la
Justicia actuaría de manera diligente contra aquellas acciones.
Ella nunca lo supo, pero en el
Juzgado se resolvió “cajonear” el caso, como se dice cuando alguien de manera
deliberada pierde un expediente de su trámite normal.
Aquí no tengo demasiado claro
si la persona del Juzgado que recibió la denuncia se enfrentó a un superior que
le dio una negativa para que el trámite continuara, o si por el contrario fue
ese funcionario que recibió la denuncia el responsable de “cajonear” el
expediente y un colega suyo se enteró del caso.
En definitiva, el caso había
sido cerrado sin que se le tramitara.
El hecho era que el amigo que
me llamaba, me pasó los nombres y las direcciones de seis mujeres anotadas en la
agenda para -supuestamente- practicarse un aborto durante la semana
siguiente.
Tomé los datos y resolví
cotejarlos para ver si eran ciertos y de ellos salía alguna
historia.
Llamé al ministro del Interior
de la época y le pregunté por el caso, explicándole que la denunciante afirmaba
que el comisario de la Seccional de su zona recibía sobornos periódicos del
abortero.
Entre tanto, mi jefe me hizo
saber que el diario no iba a publicar esa historia porque los dueños no tenían
una postura común sobre el aborto y entonces prefería no irritar a nadie dejando
el tema en la oscuridad.
Me ordenaron que dejara la
historia.
Entonces, convencido de que se
iba a cometer un delito que permanecería impune, llamé nuevamente al ministro
-aunque esta vez como mero ciudadano- y le di algunos datos de esa historia que
nunca se publicaría, para que él corroborara si era verdadera o
falsa.
El ministro del Interior me
dijo que él mismo se ocuparía del caso, pidiéndole personalmente al entonces
Jefe de Policía de Montevideo que dirigiera un procedimiento sobre aquella
impune clínica abortiva.
Perdí contacto con el caso,
hasta que semanas más tarde, en un acto oficial al que había ido a cubrir la
información por el diario, el ministro del Interior me comentó que la historia
terminó sin consecuencias legales para nadie.
-Es una vergüenza lo que ha
ocurrido, me dijo, prometiéndome algunos datos ampliatorios sobre el
caso.
Tiempo después, tuve acceso a
las actas policiales del interrogatorio de las mujeres.
Eran documentos de apenas dos
líneas.
Todas las interrogadas eran
mujeres en edad fértil, con amenorrea (no tenían menstruación, lo que es
presunción de embarazo) de algún tiempo.
El interrogatorio consistía en
preguntarles si estaban en amenorrea y si pensaban practicarse un aborto; las
que respondieran si y no, respectivamente, de inmediato quedaban libres de
cualquier compromiso legal.
El abortero nunca fue al
Juzgado, porque no se le practicó interrogatorio alguno.
Ni siquiera purgó pena por las
golpizas propinadas a su pobre concubina, la que al final terminó por
abandonarlo.
La única consecuencia de este
caso fue que algunos meses después,
el colombiano vendió la coqueta clínica de calle Libertad a un médico
uruguayo que siguió practicando abortos con total tranquilidad.
Increíble
derivación
El médico que compró la clínica
de calle Libertad hoy está preso en Cárcel Central por un caso de aborto
criminal.
Ese profesional estuvo
involucrado en la muerte de una mujer argentina que viajó a Montevideo a
practicarse un aborto, e infelizmente falleció a consecuencia de la
malpraxis.
Es importante aclarar que ese
aborto se practicó en condiciones similares a las que tendría el aborto legal, e
igual la mujer murió.
A raiz de la intervención de
Interpol para indagar sobre el paradero de esa mujer que misteriosamente había
desaparecido en Uruguay, se descubrió una red de corrupción que involucró a
varios policías, entre los cuáles había altos jerarcas.
La indagatoria llevada adelante
por un juez que tomó con brío el cumplimiento de la ley, terminó con la
detención de varios policías, el suicidio de al menos un alto jerarca policial,
y la detención del dueño de la clínica de calle Libertad.
Este abortero estaba de mala
suerte.
Al final cayó preso, porque en realidad meses antes había
caído en desgracia al no pagar publicidad en un diario de la capital, que cada
tanto denuncia con gran estrépito la existencia de clínicas abortivas...que no
avisen en sus páginas
(Semanario Patria, Viernes 13 de noviembre de
2002)
REFUTACIÓN DE
CUATRO OBJECIONES CONTRA LA ILEGALIDAD DEL ABORTO
Daniel Iglesias (*)
Nos enfrentamos hoy a un nuevo intento de
legalización del aborto en el Uruguay. El proyecto de ley denominado
eufemísticamente de "Defensa de la Salud Reproductiva", que está siendo
estudiado actualmente por el Parlamento, establecería una completa libertad de
abortar dentro de las primeras doce semanas de embarazo, prácticamente por la
sola voluntad de la madre. Dejando de lado por esta vez algunos aspectos
importantes y nefastos de este proyecto de ley (como por ejemplo la absoluta
desestimación del rol del padre y la profunda falta de respeto a la objeción de
conciencia individual o institucional), nos concentraremos en el núcleo del
asunto, refutando cuatro de los argumentos favoritos de los partidarios de la
legalización del aborto (en adelante, "proabortistas").
I. Presentación de las
objeciones.
1. Acerca de la libertad de elección
de la mujer.
-
Todo ser humano tiene derecho a disponer
con absoluta libertad de su propio cuerpo.
-
El embrión y el feto hasta las doce semanas
de embarazo son parte del cuerpo de la mujer embarazada.
-
La mujer embarazada tiene derecho a
disponer con absoluta libertad del embrión y del feto hasta las doce semanas
de embarazo.
2. Acerca de las condiciones de
riesgo sanitario.
-
La ley debe minimizar a toda costa los
riesgos sanitarios que correrán las mujeres que decidan someterse a abortos.
-
La ilegalidad del aborto impulsa a las
mujeres a someterse a abortos clandestinos en condiciones de riesgo,
provocando muchas muertes entre ellas.
-
Se debe legalizar el aborto para evitar las
muertes de mujeres que se someten a abortos
clandestinos.
3. Acerca de las prácticas
socialmente aceptadas.
-
No se debe considerar ilegal ninguna
práctica socialmente generalizada y aceptada.
-
El aborto es una práctica socialmente
generalizada y aceptada.
-
Se debe legalizar el
aborto.
4. Acerca de la laicidad del
Estado.
-
En un estado laico no hay lugar para las
leyes fundadas en dogmas religiosos.
-
La ley que prohíbe y penaliza el aborto
está fundada en los dogmas de la fe católica.
-
En un estado laico se debe despenalizar y
legalizar el aborto.
II. Refutación de las
objeciones.
1.
Acerca de la libertad de elección de la mujer.
Las dos premisas de este silogismo son
falsas, por lo cual el razonamiento carece de validez.
-
El ser humano no siempre tiene derecho a
disponer libremente de su propio cuerpo: Por ejemplo, tiene derecho a hacerse
extirpar el apéndice en caso de apendicitis, pero no tiene derecho a amputarse
una oreja por puro capricho.
-
Es una verdad científicamente demostrada
que el embrión (o el feto) no es nunca una parte del cuerpo de la mujer
embarazada, sino que desde el mismo momento de su concepción es un ser humano
distinto del padre y de la madre. El embrión no es un ser humano en potencia
sino un ser humano embrionario en acto y adulto en potencia. Si alguien
todavía dudase de esta obvia verdad biológica, le recomendamos que piense en
la (inmoral pero real) fecundación in vitro: Si el embrión concebido
naturalmente es parte del cuerpo de la madre, el embrión concebido in vitro,
¿de quién es parte? ¿De la probeta o del freezer? Y si el embrión (luego feto)
es un ser humano, necesariamente es también una persona humana y tiene toda la
dignidad y los derechos que le corresponden a cualquier persona humana.
2. Acerca de las condiciones de
riesgo sanitario.
Las dos premisas de este silogismo son
falsas, por lo cual el razonamiento carece de validez.
-
El fin supremo perseguido por la ley es el
establecimiento de un orden social justo, no la minimización a cualquier
precio de los riesgos sanitarios que correrán las personas que decidan llevar
a cabo actos homicidas, aun con peligro de su propia vida. Si bien el aborto
clandestino puede ser un poco peligroso para la "madre" (si es que podemos
llamarla así), el aborto legal es más que peligroso para su hijo. Recordemos
siempre que éste es inocente y que no cabe tratarlo como un injusto
agresor.
-
Por otra parte es evidente que la
legalización del aborto implicaría un aumento importante de la cantidad de
abortos, y que por lo tanto se producirían miles de homicidios más por año.
Además aumentaría mucho la cantidad de mujeres víctimas de la depresión
post-aborto, con el consiguiente aumento de suicidios.
-
Lo que determina a algunas mujeres a
someterse al riesgo de los abortos clandestinos no es la ley que prohíbe el
aborto sino su libre decisión de matar a los hijos que llevan en su seno. Por
lo demás la cantidad de mujeres que mueren como consecuencia de abortos
clandestinos, si bien es algo muy lamentable, es sumamente baja en términos
cuantitativos (varía entre 0 y 10 por año en el Uruguay).
-
Por otra parte no es seguro que la
legalización del aborto produzca una disminución del número de abortos
clandestinos: Hay muchas clases de mujeres que podrían seguir recurriendo a
abortos clandestinos: Extranjeras, menores que no logren la aprobación de sus
padres, mujeres que no quieran dejar un registro de su aborto, mujeres con más
de doce semanas de embarazo, etc.
3. Acerca de las prácticas
socialmente aceptadas.
Las dos premisas de este silogismo son
falsas, por lo cual el razonamiento carece de validez.
-
El hecho de que una práctica delictiva esté
muy extendida en una sociedad o incluso de que sea aceptada por la mayoría de
la población no implica necesariamente que el Estado deba despenalizarla ni
mucho menos que deba dejar de considerarla un delito. Piénsese por ejemplo en
el contrabando en pequeña escala, en los sobornos en determinados ámbitos o en
los robos de pequeña magnitud; si en estos casos no se puede aplicar la
premisa mayor de este argumento, mucho menos es posible hacerlo en el caso del
aborto, que implica un delito mucho más grave, que atenta contra el primero de
los derechos humanos, el derecho a la vida. En una sociedad democrática los
derechos humanos no nacen ni mueren por el voto de la mayoría sino que son
inherentes a la naturaleza humana. La tarea del Estado democrático no es
crearlos sino simplemente reconocerlos, defenderlos y promoverlos. Una ley
positiva que violara estos derechos sería inconstitucional e inválida.
-
El
aborto no es en el Uruguay una práctica socialmente generalizada y aceptada.
Dado que a veces los antiabortistas han caído en el error de aceptar
acríticamente la validez de las estadísticas "prefabricadas" acerca del
aborto, es necesario subrayar con fuerza que en todo el mundo los
proabortistas manejan habitualmente estadísticas de abortos muy exageradas,
fraguadas para crear la falsa impresión de que la gran mayoría de las mujeres
recurre al aborto en algún momento de sus vidas y de que la legalización del
aborto no aumentaría la ya altísima cantidad de abortos. En el Uruguay los
proabortistas suelen mencionar, sin ningún fundamento serio, que hay 50.000 o hasta 100.000 abortos
anuales, cantidades que son simplemente absurdas (Uruguay es un país de 3,3
millones de habitantes con una población bastante envejecida).
-
Otra estrategia habitual de los
proabortistas en todo el mundo es recurrir a estadísticas sesgadas que
pretenden hacer creer que la gran mayoría de la población está de acuerdo con
una legalización total del aborto, cuando en realidad la mayoría se opone
totalmente al aborto o bien lo acepta sólo en determinados casos relativamente
poco frecuentes (riesgo de muerte de la madre, malformación del feto,
violación, etc.).
-
A partir de estas falsas estadísticas y
encuestas los proabortistas pretenden concluir que reprimir el aborto es una
tarea imposible y una hipocresía, porque quienes lo condenan en público
supuestamente lo practican en privado. Esto es radicalmente falso: El aborto
puede ser combatido eficazmente combinando la educación (sobre todo "del lado
de la demanda") y la represión (sobre todo "del lado de la oferta"). Los
padres y madres que consienten en provocar un aborto son culpables, pero a
veces tienen atenuantes (por ejemplo la ignorancia sobre la naturaleza
homicida del aborto); pero mucho más culpables que ellos son los médicos que
lucran con un negocio infame, pervirtiendo su noble profesión. También tienen
su parte de responsabilidad los poderes del Estado, que por omisión dejan
impunes la mayoría de esos crímenes.
4. Acerca de la laicidad del
Estado.
La premisa mayor de este silogismo debe ser
matizada y la premisa menor es falsa, por lo cual el razonamiento carece de
validez.
-
Habría mucho para decir acerca de esta
premisa mayor, pero aquí no podemos detenernos en ella. Bástenos decir que la
Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que el Estado no
profesa religión alguna y comentar que no es lícito identificar la no
confesionalidad del Estado (compatible con una alta valoración del fenómeno
religioso en cuanto tal y de las raíces católicas de nuestra Patria en
particular) con un laicismo militante, que procura suprimir toda influencia de
la religión en los asuntos públicos y reducirla a una esfera puramente
privada. El dualismo esquizofrénico público-privado de un cierto liberalismo
secularista proviene de una falsa antropología que no toma suficientemente en
cuenta la unidad radical del ser humano ni su índole social: El hombre es
siempre ineludiblemente individuo y miembro de la sociedad y se manifiesta
siempre como lo que es. Con esta importante salvedad y con un poco de buena
voluntad para "salvar la proposición del prójimo" podemos dejar pasar
provisionalmente esta premisa mayor y concentrarnos en la menor, lo cual será
suficiente a los efectos de este artículo.
-
La ley que prohíbe y penaliza el aborto no
está fundada en los dogmas de la fe católica, sino en el orden moral objetivo,
que todo ser humano (cualquiera que sea su religión) puede conocer por medio
de la recta razón.
-
Otra de las estrategias favoritas de los
proabortistas es la de "confesionalizar" el debate sobre el aborto,
catalogando a los antiabortistas como católicos intolerantes, que pretenden
imponer sus creencias religiosas a todo el resto de la sociedad. Esta forma de
presentación del presente debate es una profunda falsificación del mismo. La
oposición católica a la legalización del aborto no brota originariamente de
dogmas religiosos sino de una afirmación científica (el embrión humano es un
ser humano desde su concepción) y de una afirmación moral (no se debe matar a
ningún ser humano inocente), ambas compartibles por personas no católicas o no
cristianas y de hecho compartidas por muchas de ellas.
-
Para reconocer la inmoralidad del aborto no
es necesario profesar la fe cristiana, sino que basta con conocer la ley moral
natural inscrita en la conciencia de cada hombre. Uno de los preceptos
fundamentales de dicha ley es amar y respetar la vida humana. El recto uso de
la razón se ve favorecido por la buena voluntad (es decir, por la búsqueda
sincera de la verdad y el bien).
-
Los católicos tienen tanto derecho y tanto
deber como cualquier otro ciudadano de combatir la gravísima injusticia del
aborto por razones puramente racionales. El hecho de que además su propia fe
cristiana los impulse a reconocer a los niños no nacidos no sólo como animales
racionales, sino también como seres creados a imagen y semejanza de Dios y
llamados a ser hijos de Dios, no invalida en modo alguno los demás argumentos
por los cuales se oponen al aborto, sino que los complementa y refuerza.
Pensar lo contrario equivaldría a sostener que un católico, por el mismo hecho
de ser católico, quedaría incapacitado para intervenir en los debates
políticos acerca de asuntos con profundas implicancias éticas. Si alguien cree
eso, que se anime a decirlo explícitamente.
EL ABORTO
Ricardo
Pou (*)
He consagrado más de la mitad
de mi vida a la ginecología. Por
esa razón he tenido la oportunidad de recoger experiencia personal y
ajena, así como conocimientos acerca del tema del aborto, actualmente objeto de
discusión parlamentaria con motivo de la ley de despenalización. Aspiro a
compartir con todos mi visión del tema. Quiero prescindir en este momento de
toda consideración confesional y ceñirme a ideas éticas, biológicas y
antropológicas generales.
En el momento en que el óvulo y
el espermatozoide se fusionan a nivel de la trompa de Falopio (fecundación), se
unifican sus respectivas cargas genéticas, con la formación de un huevo o
zigote.
De acuerdo con los conceptos
actuales de definición de la vida, una estructura se considera viva cuando es
capaz de repararse a sí misma (autopoyesis) y está circundada por un límite
completo que separa un medio exterior de uno interior, ambos con caracteres
diferentes (Francisco Varela). Generalmente, además, es capaz de reproducirse.
En función a lo antes expuesto,
el huevo o zigote tiene, sin lugar a dudas, vida.
La fecundación da comienzo a un
proceso irreversible de desarrollo o puesta en acción de las informaciones
(positivas y negativas) contenidas en ambos (que en su conjunto son diferentes
de cada una por separado). Este complejo mecanismo se inicia ya cuando el huevo
o zigote está libre en la luz del aparato genital (ocurre incluso, hasta cierto
momento evolutivo, hallándose fuera del organismo femenino, en una placa en el
laboratorio). El proceso prosigue una vez que el huevo toma contacto y se
“engarza” en la pared del útero y culmina sólo con la muerte del individuo,
pasando a través de las peripecias de la vida, entre las cuales el nacimiento es
un acontecimiento más. Entre ambos extremos, ocurre de una sucesión de fenómenos
de integración de estructuras y funciones, mediados por los mecanismos de
multiplicación, diferenciación y muerte celular.
La primera consideración que
surge de las observaciones previas es que con la fecundación surge una
estructura viva nueva, una célula diferente de los dos gametos que la formaron;
es más que la simple suma de ellos. Se trata de una realidad única e
irrepetible.
A diferencia de todas las demás
células del organismo, ésta tiene por lo menos dos peculiaridades: A) posee una
información genética en parte ajena a cada uno de los progenitores y B) tiene la
propiedad de iniciar una serie de cambios en cascada, que llevan a la formación
de un ser similar a los de la especie a la que pertenecen sus progenitores.
Puede, en consecuencia, hablarse de individualidad, de individuo vivo.
Tiene además atributos de
persona, si se entiende por tal un individuo con autonomía para llegar a ser
libre y capaz de decidir sobre su destino (autonomía o autodeterminación).
El planteo filosófico moderno
lo ha puesto en tela de juicio el dualismo cartesiano, aduciendo que ambos
aspectos de la realidad humana constituyen una unidad indisociable.
Si se contempla la sucesión de
acontecimientos que conlleva la antropogénesis, resulta indiscutible aceptar que
las células iniciales tienen escasas propiedades sensibles y una mayoría de
propiedades virtuales y potenciales. Sólo se requiere que la estructura —en
especial el sistema nervioso— se vuelva lo suficientemente compleja, que la
interacción entre las partes constitutivas alcance un grado suficiente de
estructuración, para que las propiedades virtuales se conviertan en sensibles o
actuales.
De ahí que, siguiendo el
concepto de Xubiri, pueda admitirse sin dificultad que la célula inicial, zigote
o huevo, tiene las propiedades necesarias y suficientes como para reconocer en
ella, no ya una individualidad viva, sino una persona, que por pertenecer a la
especie humana, es persona humana, a la que no puede negarse realidad por ser,
en principio, casi totalmente virtual.
El estructuralismo ha puesto en
evidencia que el conjunto es más que la simple suma de las partes y que la
modificación de cualquiera de éstas, por sus vinculaciones con cada una de las
otras y con el todo, involucra un cambio del sistema en su totalidad. La
biología también lo demuestra en infinidad de ejemplos. Una de los adelantos
éticos de nuestra época es la adquisición del criterio ecológico, que, teniendo
en cuenta la interdependencia de todos los componentes del cosmos, defiende, con
razón, el máximo respeto posible de todo sus elementos constitutivos, por más
pequeños, inaparentes y fútiles que parezcan. Aplicado este criterio general a
la situación del embrión, resulta obvio que su supresión provocada no puede ser
considerada como banal. La misma tiene consecuencias, evidentes e inmediatas
unas, sutiles y alejadas otra.
La mujer embarazada, por
incipiente que sea la gravidez, constituye una estructura, sistema o realidad
diferente, aunque transitoria.
Nuevamente estamos tentados de
caer en el dualismo engañoso madre/embrión. No hay, hasta dónde se sabe, ejemplo
más perfecto de comunidad y altruismo que el embarazo. La rotura precoz, súbita
y violenta, de esta comunidad psico-biológica no puede dejar de tener
importantes consecuencias, obvias para el embrión, puesto que implican su
muerte; no tan evidentes para la madre, aunque seguramente de gran
trascendencia.
El ser humano nace con una gran
inmadurez, lo que lo hace vulnerable al medio ambiente y por eso altamente
dependiente de los cuidados y nutrición que reciba. Hoy se conocen bien las
consecuencias alejadas e insospechadas, sobre la evolución psicológica y
conductual del individuo, que tienen la lactancia y los cuidados maternos
(“maternaje”).
Estos conceptos llevan a
enfatizar el hecho de que la condición de ser dependiente e inmaduro no hacen a
un individuo menos digno de respeto. Las etapas desde la fecundación en
adelante, sin importar que ocurran dentro o fuera del organismo materno, son
escalones que llevan a la consumación del ser humano, proceso que no culmina
sino con su muerte. Todas deben ser consideradas significativas por igual, en
función del objetivo final.
Muy ilustrativa en este sentido
es la evolución ocurrida en los últimos decenios en el concepto de viabilidad
fetal, o sea en la posibilidad de sobrevivencia de un ser concebido y nacido
antes del término del embarazo. A medida que progresan los medios de diagnóstico
y tratamiento, se ha logrado la vida normal de niños de muy bajo peso, que antes
estaban irremediablemente destinados a morir. En función de estas posibilidades
se establecen las definiciones de aborto precoz y tardío, parto prematuro y de
término. Y consiguientemente se pautan las conductas a seguir, no solamente
desde el punto de vista médico sino también ético y legal, puesto que, aunque no
resulte explícito, de la probabilidad de sobrevida se deriva el “valor” de ese
feto como ser humano digno de cuidado. Esto es un ejemplo evidente de la
relatividad de los conceptos que maneja la cultura y de la gradación sin límites
netos entre las distintas etapas de un mismo proceso.
Las observaciones previas
destacan, además, que cuanto más inmaduro y dependiente es el individuo, tanto
más digno de consideración y respeto. Tanto nos habremos de preocupar por la
atención del niño, del minusválido, del anciano, como del embrión. Es llamativa
la paradójica diferencia entre la atención que la sociedad otorga
justificadamente a los primeros y el notorio desprecio por el segundo...
Queda por considerar todavía el
tema de la libertad de la mujer para disponer de su propio cuerpo.
La primera consideración es
que, como ya fue señalado, no existe el cuerpo como entidad aislada, si no es
aprehendido en su vinculación indisoluble con el espíritu, y por consiguiente el
problema es más complejo de lo que parece.
La segunda es hasta qué punto
la mujer embarazada puede considerar como propio también al embrión, que, según
fue analizado, tiene una individualidad y potencialidad que le son propias,
aunque por su inmadurez necesite de la madre por un tiempo para manifestar sus
potencialidades de autonomía.
La tercera es que la libertad
de alguien termina donde comienza la de los demás. Si este precepto es la base
de la convivencia humana, resulta impensable que no se aplique en estas
circunstancias, sólo porque la condición de individuo libre no puede ponerse de
manifesto.
La cuarta es que la diferencia
entre la libertad y el libertinaje radica en la responsabilidad. La verdadera
libertad se vive en la medida en que se tienen en cuenta los condicionamientos o
limitaciones que conlleva. Se es más libre cuanto más consciente se sea de las
consecuencias que tengan, directa o indirectamente, los actos personales sobre
los demás.
* Creo que el aborto es un tema
digno de la mayor atención, muy complejo y que requiere acciones múltiples, la
mayoría positivas y de prevención, que no son fáciles ni de efecto inmediato.
* El huevo tiene desde el
momento de la fecundación todas las potencialidades de autonomía, propias de la
persona humana.
* El embrión es un individuo
con los mismos derechos que cualquiera, pese a que momentáneamente su existencia
dependa de la madre. Forma con ella una unidad indisoluble, aunque transitoria.
No se puede atentar contra una parte sin hacerlo contra el conjunto.
* Por tratar de “resolver” una
realidad dramática como es la muerte de mujeres a consecuencia de maniobras
abortivas, no debe
justificarse otra, por lo menos
tan dramática como la anterior, que es la supresión de la vida de seres
totalmente indefensos y con todos los derechos de cualquier ser humano.
* La libertad de las mujeres a
vivir su sexualidad, no le otorga el derecho a abortar; más bien a ejercerla
adecuadamente.
* El legislador debe
preocuparse, no por despenalizar el aborto, sino por mejorar el acceso de todos
a la educación y a los medios para prevenir el embarazo indeseado.
* Las condiciones económicas
desfavorables no deberían ser argumento para justificar la legalización del
aborto, más bien habría que atender a las condiciones que las ocasionan.
* Los médicos deberíamos
recordar que una de las premisas del juramento hipocrático, que ha marcado
rumbos éticos desde que la medicina apareció como actividad independiente de la
magia y la religión en el Siglo V A.C., es precisamente la de no provocar el
aborto”.
(*) El Dr. Ricardo Pou Ferrari es uno de los
Médico- Ginecotocólogos más prestigiosos de nuestro
país.
(Publicado en ECOS - Diario EL PAÍS -
Uruguay - Lunes 11 de noviembre de 2002 - Año 85 - N° 29189 - Montevideo -
Uruguay)