NOTA DOCTRINAL SOBRE
ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS AL COMPROMISO Y LA CONDUCTA DE LOS CATÓLICOS EN LA
VIDA POLÍTICA
Congregación para la
Doctrina de la Fe
La Congregación para la Doctrina de la Fe, oído el parecer del
Pontificio Consejo para los Laicos, ha estimado oportuno publicar la presente
Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta
de los católicos en la vida política. La Nota se dirige a los Obispos de la
Iglesia Católica y, de especial modo, a los políticos católicos y a todos los
fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política en las
sociedades democráticas.
I. Una enseñanza constante
1. El
compromiso del cristiano en el mundo, en dos mil años de historia, se ha
expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la
acción política: Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los
primeros siglos, «cumplen todos sus deberes de ciudadanos».[1] La Iglesia venera
entre sus Santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través
de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre
ellos, Santo Tomás Moro, proclamado Patrón de los Gobernantes y Políticos, que
supo testimoniar hasta el martirio la «inalienable dignidad de la
conciencia»[2]. Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica,
rechazó toda componenda, y sin abandonar «la constante fidelidad a la autoridad
y a las instituciones» que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que«el
hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral»[3].
Las
actuales sociedades democráticas, en las que loablemente[4] todos son hechos
partícipes de la gestión de la cosa pública en un clima de verdadera libertad,
exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte
de los ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden
contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y,
a través de varios modos, a la formación de las orientaciones políticas y las
opciones legislativas que, según ellos, favorecen mayormente el bien común.[5]
La vida en un sistema político democrático no podría desarrollarse
provechosamente sin la activa, responsable y generosa participación de todos,
«si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y
responsabilidades»[6].
Mediante el cumplimiento de los deberes civiles
comunes, «de acuerdo con su conciencia cristiana»,[7] en conformidad con los
valores que son congruentes con ella, los fieles laicos desarrollan también sus
tareas propias de animar cristianamente el orden temporal, respetando su
naturaleza y legítima autonomía,[8] y cooperando con los demás, ciudadanos según
la competencia específica y bajo la propia responsabilidad.[9] Consecuencia de
esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que «los fieles laicos de
ningún modo pueden abdicar de la participación en la “política”; es decir, en la
multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y
cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común»,[10]
que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la
paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la
justicia, la solidaridad, etc.
La presente Nota no pretende reproponer la
entera enseñanza de la Iglesia en esta materia, resumida por otra parte, en sus
líneas esenciales, en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino solamente
recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana, que inspiran el
compromiso social y político de los católicos en las sociedades
democráticas.[11] Y ello porque, en estos últimos tiempos, a menudo por la
urgencia de los acontecimientos, han aparecido orientaciones ambiguas y
posiciones discutibles, que hacen oportuna la clarificación de aspectos y
dimensiones importantes de la cuestión.
II. Algunos puntos críticos
en el actual debate cultural y político
2. La sociedad civil se
encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una
época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Las grandes
conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a comprobar el camino
positivo que la humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de
condiciones de vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia Países en vías
de desarrollo es ciertamente una señal de gran relieve, que muestra la creciente
sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible callar, por otra
parte, sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales
tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de
las futuras generaciones.
Se puede verificar hoy un cierto relativismo
cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético,
que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley
moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es
extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal
pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia[12]. Ocurre así
que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para
sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores
creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los
principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas
orientaciones culturales o morales transitorias,[13] como si todas las posibles
concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo tiempo, invocando
engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos –
incluidos los católicos – que renuncien a contribuir a la vida social y política
de sus propios Países, según la concepción de la persona y del bien común que
consideran humanamente verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el
orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la
comunidad política. La historia del siglo XX es prueba suficiente de que la
razón está de la parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis
relativista, según la cual no existe una norma moral, arraigada en la naturaleza
misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del
hombre, del bien común y del Estado.
3. Esta concepción relativista del
pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos
católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la
ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a
las exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar
basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien
del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el
hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la
realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un
contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien
determinado. La pluralidad de las orientaciones y soluciones, que deben ser en
todo caso moralmente aceptables, surge precisamente de la concreción de los
hechos particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la
Iglesia formular soluciones concretas – y menos todavía soluciones únicas – para
cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada
uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios
morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral.[14] Si
el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad de opiniones
temporales»,[15] también está llamado a disentir de una concepción del
pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida democrática,
pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de
principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social,
no son “negociables”.
En el plano de la militancia política concreta, es
importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en
materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas
estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la
posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la
teoría política, y la complejidad técnica de buena parte de los problemas
políticos, explican el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de
partidos en los cuales puedan militar los católicos para ejercitar –
particularmente por la representación parlamentaria – su derecho-deber de
participar en la construcción de la vida civil de su País.[16] Esta obvia
constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto pluralismo
en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales
se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene
íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la
política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana.
Sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre
para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté
caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales.
La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda
expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones
políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta
concepción de la persona.[17] Se trata de un principio sobre el que los
católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el
testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de
los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno
pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio
la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que
hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II,
la tutela «de los derechos de la persona es condición necesaria para que los
ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar
activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública»[18].
4. A partir
de aquí se extiende la compleja red de problemáticas actuales, que no pueden
compararse con las temáticas tratadas en siglos pasados. La conquista
científica, en efecto, ha permitido alcanzar objetivos que sacuden la conciencia
e imponen la necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar, de manera
coherente y sólida, los principios éticos. Se asiste, en cambio, a tentativos
legislativos que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la
existencia y el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los
comportamientos sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad
de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho
y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la
responsabilidad que todos tienen ante ella. Juan Pablo II, en línea con la
enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se
comprometen directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación
de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para
todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a
favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con
el propio voto.[19] Esto no impide, como enseña Juan Pablo II en la Encíclica
Evangelium vitae a propósito del caso en que no fuera posible evitar o abrogar
completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación,
que «un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y
notoria a todos, pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a
limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito
de la cultura y de la moralidad pública».[20]
En tal contexto, hay que
añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con
el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley
particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos
fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una
unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en
detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a
favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para
satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni
tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene
del evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda
ser anunciada y realizada.
Cuando la acción política tiene que ver con
principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno,
es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de
responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en
efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral,
que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes
civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la
renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben
tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término
natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los
derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la
promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de
sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas
sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras
formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento
legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un
derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de
los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los
menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud
(piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No
puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el
desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común,
en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de
subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos
«los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como
su ejercicio».[21] Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el
gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a
secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio
ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es
siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»;[22] exige el rechazo
radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso
constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.
III. Principios de la doctrina católica acerca del laicismo y el
pluralismo
5. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la
utilización de una pluralidad de metodologías que reflejen sensibilidades y
culturas diferentes, ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio del
pluralismo y autonomía de los laicos en política, para favorecer soluciones que
comprometan o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales
para el bien común de la sociedad. No se trata en sí de “valores confesionales”,
pues tales exigencias éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la
ley moral natural. Éstas no exigen de suyo en quien las defiende una profesión
de fe cristiana, si bien la doctrina de la Iglesia las confirma y tutela siempre
y en todas partes, como servicio desinteresado a la verdad sobre el hombre y el
bien común de la sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que la política
debe hacer también referencia a principios dotados de valor absoluto,
precisamente porque están al servicio de la dignidad de la persona y del
verdadero progreso humano.
6. La frecuente referencia a la “laicidad”, que
debería guiar el compromiso de los católicos, requiere una clarificación no
solamente terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la
sociedad política no tiene nada qué ver con la “confesionalidad” o la
intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad, entendida
como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y
eclesiástica – nunca de la esfera moral –, es un valor adquirido y reconocido
por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado.[23] Juan
Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los peligros derivados de
cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política. «Son
particularmente delicadas las situaciones en las que una norma específicamente
religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley del Estado, sin que se
tenga en debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y las
de la sociedad política. Identificar la ley religiosa con la civil puede, de
hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar otros derechos
humanos inalienables».[24] Todos los fieles son bien conscientes de que los
actos específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de actos de
culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las
autoridades religiosas y los fieles, etc.) quedan fuera de la competencia del
Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo
por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y
políticos, y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados
por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los
ciudadanos.
Una cuestión completamente diferente es el derecho-deber que
tienen los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la
verdad y promover y defender, con medios lícitos, las verdades morales sobre la
vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás
derechos de la persona. El hecho de que algunas de estas verdades también sean
enseñadas por la Iglesia, no disminuye la legitimidad civil y la “laicidad” del
compromiso de quienes se identifican con ellas, independientemente del papel que
la búsqueda racional y la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en
la adquisición de tales convicciones. En efecto, la “laicidad” indica en primer
lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento
natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades sean
enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, pues la verdad es una.
Sería un error confundir la justa autonomía que los católicos deben asumir en
política, con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza
moral y social de la Iglesia.
Con su intervención en este ámbito, el
Magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni eliminar la
libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes. Busca, en
cambio –en cumplimiento de su deber– instruir e iluminar la conciencia de los
fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que
su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del
bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el
gobierno de los diferentes Países. Plantea ciertamente, en la conciencia única y
unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia. «En su existencia
no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida
“espiritual”, con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida
“secular”, esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales,
del compromiso político y de la cultura. El sarmiento, arraigado en la vid que
es Cristo, da fruto en cada sector de la acción y de la existencia. En efecto,
todos los campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere
como el “lugar histórico” de la manifestación y realización de la caridad de
Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad,
situación, esfuerzo concreto –como por ejemplo la competencia profesional y la
solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de
los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito
de la cultura– constituye una ocasión providencial para un “continuo ejercicio
de la fe, de la esperanza y de la caridad”».[25] Vivir y actuar políticamente en
conformidad con la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas
al compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión de la
aportación de los cristianos para que, a través de la política, se instaure un
ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana.
En las sociedades democráticas todas las propuestas son discutidas y
examinadas libremente. Aquellos que, en nombre del respeto de la conciencia
individual, pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser
coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos
políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con
las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en una forma de
laicismo intolerante. En esta perspectiva, en efecto, se quiere negar no sólo la
relevancia política y cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma
posibilidad de una ética natural. Si así fuera, se abriría el camino a una
anarquía moral, que no podría identificarse nunca con forma alguna de legítimo
pluralismo. El abuso del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia
de esta actitud. La marginalización del Cristianismo, por otra parte, no
favorecería ciertamente el futuro de proyecto alguno de sociedad ni la concordia
entre los pueblos, sino que pondría más bien en peligro los mismos fundamentos
espirituales y culturales de la civilización.[26]
IV.
Consideraciones sobre aspectos particulares
7. En circunstancias
recientes ha ocurrido que, incluso en el seno de algunas asociaciones u
organizaciones de inspiración católica, han surgido orientaciones de apoyo a
fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la
enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales. Tales
opciones y posiciones, siendo contradictorios con los principios básicos de la
conciencia cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones u
organizaciones que se definen católicas. Análogamente, hay que hacer notar que
en ciertos países algunas revistas y periódicos católicos, en ocasión de toma de
decisiones políticas, han orientado a los lectores de manera ambigua e
incoherente, induciendo a error acerca del sentido de la autonomía de los
católicos en política y sin tener en consideración los principios a los que se
ha hecho referencia.
La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo
«camino, verdad y vida» (Jn 14,6), exige a los cristianos el esfuerzo de
entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada
en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la
Tradición católica. La necesidad de presentar en términos culturales modernos el
fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo se presenta
hoy con urgencia impostergable, para evitar además, entre otras cosas, una
diáspora cultural de los católicos. Por otra parte, el espesor cultural
alcanzado y la madura experiencia de compromiso político que los católicos han
sabido desarrollar en distintos países, especialmente en los decenios
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deben provocar complejo alguno de
inferioridad frente a otras propuestas que la historia reciente ha demostrado
débiles o radicalmente fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar que el
compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple transformación
de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz de acoger,
justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la moral, las
transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles.
La fe nunca
ha pretendido encerrar los contenidos socio-políticos en un esquema rígido,
conciente de que la dimensión histórica en la que el hombre vive impone
verificar la presencia de situaciones imperfectas y a menudo rápidamente
mutables. Bajo este aspecto deben ser rechazadas las posiciones políticas y los
comportamientos que se inspiran en una visión utópica, la cual, cambiando la
tradición de la fe bíblica en una especie de profetismo sin Dios,
instrumentaliza el mensaje religioso, dirigiendo la conciencia hacia una
esperanza solamente terrena, que anula o redimensiona la tensión cristiana hacia
la vida eterna.
Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad
no existe sin la verdad. «Verdad y libertad, o bien van juntas o juntas perecen
miserablemente», ha escrito Juan Pablo II.[27] En una sociedad donde no se llama
la atención sobre la verdad ni se la trata de alcanzar, se debilita toda forma
de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al
individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la
entera sociedad.
8. En tal sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la
opinión pública corriente no siempre percibe o formula con exactitud: El derecho
a la libertad de conciencia, y en especial a la libertad religiosa, proclamada
por la Declaración Dignitatis humanæ del Concilio Vaticano II, se basa en la
dignidad ontológica de la persona humana, y de ningún modo en una inexistente
igualdad entre las religiones y los sistemas culturales.[28] En esta línea, el
Papa Pablo VI ha afirmado que «el Concilio de ningún modo funda este derecho a
la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y
todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual; lo
funda en cambio sobre la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser
sometida a contradicciones externas, que tienden a oprimir la conciencia en la
búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a ella».[29] La afirmación de
la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, por lo tanto, no
contradice en nada la condena del indiferentísimo y del relativismo religioso
por parte de la doctrina católica, [30] sino que le es plenamente coherente.
V. Conclusión
9. Las orientaciones contenidas en la
presente Nota quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad
de vida que caracteriza al cristiano: La coherencia entre fe y vida, entre
evangelio y cultura, recordada por el Concilio Vaticano II. Éste exhorta a los
fieles a «cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el
espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos
aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar
las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les
obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal
de cada uno». Alégrense los fieles cristianos«de poder ejercer todas sus
actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano,
familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo
cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios».[31]