La mayor parte de las políticas y programas sociales hoy vigentes en nuestro país han sido diseñados para responder a una situación social, económica y cultural distinta de la actual y los esfuerzos de actualización no han sido suficientes para generar respuestas acordes a la nueva realidad. En las últimas décadas se han producido cambios muy profundos en estos diversos órdenes, que se reflejan en forma muy especial en la estructura, funciones y condiciones de vida de las familias.

No podemos hablar de la existencia de políticas públicas pensadas en función de las familias, salvo el caso de las asignaciones familiares que no están llegando hoy a una parte muy importante de los sectores de menores recursos y de algunos programas de reciente creación cuyos efectos todavía no es posible evaluar. Menos aún podríamos considerar que contamos con políticas de Estado, si por estas entendemos políticas basadas en un amplio consenso cuya aplicación tenga continuidad mas allá de un período de gobierno, sin depender del partido que obtenga la mayoría.

En esta presentación se analizan las características del proceso de debilitamiento de las redes de protección y sostén social , en las que la familia ocupa un lugar central, y sus efectos en los niveles de integración social. Se plantea el interrogante respecto al efecto generado por las políticas sociales sectoriales, centralizadas, diseñadas e implementadas desde el estado que predominó en nuestro país durante décadas, en los roles y funciones familiares.

Se sostiene la hipótesis de la necesidad de reconstruir la relación entre las familias y los centros educativos como eje central de una nueva propuesta.
Finalmente se sintetizan los principales rasgos de un enfoque de políticas sociales emergente, basado en una perspectiva integral, orientado al desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de los roles familiares, que contribuya a generar una ciudadanía activa y responsable, con capacidad de elección, de propuesta y de involucramiento. Un enfoque que busque articular el desarrollo del potencial individual y familiar y comunitario, con las transformaciones necesarias para lograr una estructura de oportunidades más equitativa.

Esta perspectiva implica avanzar en la redefinición de los roles del Estado y de la sociedad civil, en la descentralización de las respuestas a problemas diversos y realidades locales distintas y en formas de gestión que garanticen transparencia y control ciudadano. Esto sólo será posible con una estrategia clara y asegurando continuidad en las acciones, esto es, sobre la base de verdaderas políticas de Estado.